La revisión catastral correspondiente a los últimos cuatro años, realizada el pasado verano en el término municipal de Castalla por parte de técnicos de la Dirección General de Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda, ha sacado a la luz alrededor de 1.600 irregularidades urbanas y rurales, explicó en el pasado pleno el alcalde, Antonio Bernabeu. Entre las incidencias más comunes se encuentran viviendas, parcelas y ampliaciones de obra que no estaban registradas en el catastro, lo cual va a suponer para sus responsables una multa de 60 euros por cada bien no declarado, más el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a los últimos cuatro años.
La edil de Hacienda y Personal, Gema Sánchez, añadió que una cuarta parte del importe de estas sanciones va a ir a parar a las arcas municipales, de modo que el equipo de gobierno se está planteando acometer una nueva rebaja del IBI de cara al año 2019, que se sumaría a la reducción del 22% que ha experimentado este impuesto en Castalla desde el comienzo de la presente legislatura.
Tanto el alcalde como la edil delegada del área económica municipal quisieron aclarar que la revisión catastral parte del Gobierno de España, de modo que “el Ayuntamiento no ha desencadenado ninguna inspección de nadie ni contra nadie”.
Aunque el Consistorio no tenga “nada que ver” con esta revisión catastral, que también se ha producido en otros municipios de la comarca, señaló Sánchez, “el Ayuntamiento sí se va a ver beneficiado, porque han aflorado muchos bienes por los que no se estaban pagando impuestos”. El alcalde concluyó que no se trata de aumentar la presión fiscal, “sino de hacerla más justa y disminuirla”.