El litigio por la demolición, en julio de 2014, de la vivienda protegida donde residió el doctor Sapena, conocida como ‘la casa de los Palomos’, ha dado un preocupante paso más hacia una posible sentencia desfavorable para el Ayuntamiento, que tendría unos efectos extremadamente negativos para las saneadas arcas municipales.
La preocupación es máxima en el seno del equipo de gobierno, formado por Ciudadanos y PSOE, tras conocerse las conclusiones de un informe pericial encargado por el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante, con fecha de 21 de junio de este año, donde el arquitecto Juan Domenech Abelló señala que el derribo fue “precipitado e improcedente”, pues “no existió realmente ruina inminente y peligrosa” ni “peligro para la vía pública”.
Cabe recordar que la demolición se produjo a raíz de un decreto de Alcaldía, cuando el equipo de gobierno estaba formado por el Partido Popular y UCiD, siendo alcalde Juan Antonio Candela y concejal de Urbanismo Juan Antonio Rico.
Tal decreto estuvo supuestamente motivado por un informe encargado por el propio Ayuntamiento al técnico Sergio Casanova, estudio que ahora ha sido calificado por el perito judicial como “excesivamente alarmista”, pues “se limita a una enumeración exhaustiva de las patologías, sin analizar las posibles causas; no propone ni valora ninguna reparación y ni siquiera considera medidas de seguridad”.
Lo más preocupante para el perito es que el autor de este informe añadió “dos días después” una frase instando a la “demolición inmediata” del inmueble y, por tanto, dando pie al decreto de Alcaldía para acometer tal derrumbe sin ni siquiera comunicárselo a su dueño, Juan Beneyto, quien interpuso la correspondiente denuncia y afirma que lleva más de dos años “indefenso y a la espera de una sentencia que no se sabe cuándo saldrá”.
En este sentido, el alcalde, Antonio Bernabeu (C’s), afirma que el abogado del Ayuntamiento, Juan Ignacio Francés, trabaja para evitar una sentencia condenatoria, que supondría un “desastre económico” para Castalla, puesto que, “si el juez condena al Ayuntamiento, se abre la vía para que el demandante pueda reclamar una indemnización por daños y perjuicios por una importante cantidad de dinero” que podría rondar el millón de euros.
Llegados a este punto, en caso de sentencia desfavorable, Bernabeu anuncia que el Ayuntamiento “se vería obligado” a recurrir a una figura legal llamada acción de retorno, que implicaría exigir responsabilidades a quienes ordenaron y defendieron esta polémica demolición (es decir, al exalcalde Juan Antonio Candela y al ex edil de Urbanismo Juan Antonio Rico).
Edificio protegido En su dictamen, el perito judicial muestra su sorpresa por que el Ayuntamiento de Castalla optara por la demolición, en lugar de “ejercer su obligación de velar por un edificio protegido”. El arquitecto Juan Domenech Abelló no puede ser más sincero: “Tengo que confesar que normalmente sucede al contrario”.
Dado que el perito no ha tenido acceso físico al inmueble, obviamente por haber sido derribado, Domenech considera que las fotos tomadas en presencia del notario José Luis Moles, así como los informes técnicos de Sergio Casanova y Carlos Bringas, “son suficientemente esclarecedores del estado general de la vivienda” antes de ser derruida.
Si bien es cierto que en el informe pericial se detectan grietas y daños debidos al deterioro habitual de un inmueble tan antiguo y con falta de uso, el arquitecto afirma que, aun necesitando reparación a corto plazo, “no constituían un peligro para la vía pública”, por lo que “no se podía dictaminar como en estado de ruina inminente y peligrosa, y mucho menos de demolición inmediata”.
El perito judicial estima que la reparación de los desperfectos (principalmente en la escalera, el sótano y la fachada al jardín) hubiera supuesto un coste de unos 30.500 euros, mientras que la valoración de obra nueva (es decir, volver a dejar la casa como estaba, o al menos intentarlo) tendría un coste de unos 493.000 euros (a 800 euros el metro cuadrado).
Es reseñable que estamos hablando de tres edificios con una superficie total de 617 metros cuadrados. Y, de nuevo, sorprende al arquitecto reclamado por el juzgado “que en el proceso que finalmente ha terminado en derribo no se haya diferenciado en lo más mínimo el estado de tres construcciones diferentes, considerándolas como una sola con el mismo estado de deterioro, cosa que, según las fotos, no ocurría realmente”.
Tras este jarro de agua fría en forma de dictamen pericial, el proceso judicial sigue su curso y es previsible que la sentencia no se demore más allá de este año. Lo que es seguro es el siguiente paso de este litigio, que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre, cuando declararán en el juzgado varios testigos que han sido citados por el tribunal, además del arquitecto que ha redactado este demoledor informe que podría ser fatal para las arcas municipales de Castalla.
Ahora lo que hay que hacer es simple, que Candela y el Poteta, paguen de su bolsillo, aunque seguro que a estas alturas viendo lo visto, ya seran "insolventes", y no tener nada a su nombre, para no pagar sus... "cacicadas"