Lo que hace unos doce años comenzó como un sueño rebosante de ilusión ha acabado convirtiéndose en una carísima pesadilla y una frustrante experiencia para un vecino de El Campello que, a finales del año pasado, fue encarcelado durante cinco días en Fontcalent, por orden de un juzgado de Alicante, por no acatar una orden de demolición de una vivienda de su propiedad construida en una zona protegida de la partida Racó de Pellicer, en Castalla.
Tras pesar sobre él, sin ni siquiera saberlo, una orden de busca y captura durante más de seis meses por este motivo, Francisco S., de 45 años, entró el 17 de diciembre en el cuartelillo de la Guardia Civil de El Campello, tras recibir una citación aparentemente intrascendente, y esa misma noche ya la pasó en la cárcel alicantina, donde estuvo encerrado hasta el 22 de diciembre, un día después de la demolición de la vivienda y el desescombro de la parcela, trabajos que le costaron más de 8.500 euros de su bolsillo.
No obstante, sobre él sigue pesando una condena de seis meses, por lo que su situación actual, como él mismo señala, es de “libertad provisional” durante los próximos dos años.
La situación del chalet de Francisco no es muy diferente a la de otras 400 viviendas sobre las que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) levantó sendas actas en el año 2006 por estar ubicadas en zonas de especial protección en el término de Castalla.
Sin embargo, lamenta el afectado, “me ha tocado a mí, tal vez por una mala elección del abogado de oficio o porque no se llevó el tema como se tenía que haber llevado”. En cualquier caso, considera “muy desproporcionado” y “una injusticia” lo que le ha ocurrido, máxime teniendo en cuenta que la orden de derribo prescribía este año, por lo que Francisco podría haber conservado su caseta, al igual que cientos de casos similares que salpican el término castallense y cuyas construcciones siguen en pie.
Aparte de la inversión que le supuso en su día la construcción del chalet familiar, más el importe de la demolición, el chorreo económico continúa con el dinero que ha pagado al Ayuntamiento de Castalla durante diez años en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cantidad que asciende a unos 5.000 euros (sin ir más lejos, el recibo pagado el año pasado ascendía a 507 euros).
Hay que tener en cuenta, tal y como explica el propio afectado, que a pesar de ser una vivienda supuestamente ilegal, el Ayuntamiento de Castalla le entregó hace diez años su placa correspondiente (polígono IV, partida 2, nº 2.887) y “miró para otro lado”, tanto en su caso “como en el de tantos otros que siguen siendo ilegales pero pagan religiosamente su recibo de la Contribución, sin disfrutar ni de recogida de basuras, ni alcantarillado ni nada”.
En este sentido, Francisco se reunió recientemente con el alcalde de Castalla desde junio de 2015, Antonio Bernabeu (Ciudadanos), quien lamentó el calvario por el que ha tenido que pasar, pero consideró muy difícil concederle ningún tipo de contraprestación económica por parte del Ayuntamiento, dada la ilegalidad de la construcción.
Ante esta negativa, el afectado no descarta emprender acciones legales por lo que considera un doloroso e injusto agravio en comparación con sus vecinos de parcela, y tantos otros en el término municipal castallense, que pueden seguir disfrutando de sus chalets. Porque, lo que está claro es que, una vez pasada esta mala experiencia, Francisco se ha quedado con dos parcelas indivisibles de unos 10.000 metros cuadrados en total, en las que no puede edificar y que difícilmente podrá vender, con mucho dinero gastado para nada y sin recibir nada a cambio.
Plan General (PGOU). Por su parte, la edil de Urbanismo, Raquel Guill (PSOE), explicó a Escaparate que cualquier interesado en construir una vivienda tiene que conocer, en primer lugar, el tipo de suelo, y saber si está permitido edificar en él. Además, para construir un chalet la parcela debe tener, al menos, 10.000 metros cuadrados.
Guill señala que, en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fue explicado recientemente en un acto público y puede consultarse en el Ayuntamiento y en la página web municipal, se pueden diferenciar los siguientes tipos de suelo:
Urbano: núcleo histórico, ampliación de casco, ensanche, viviendas adosadas, viviendas aisladas e industrial aislada.
Red Primaria y Secundaria: equipamiento y zona verde.
No urbanizable común: común general y común particular.
No urbanizable protegido: especial protección ecológico-paisajística, ramblas y cauces, interés arqueológico, paisajística, carácter rural agrícola y actividades agrícolas.