El Ayuntamiento de Castalla aprobó en su última sesión plenaria la liquidación del contrato de suministro de agua potable con la actual empresa concesionaria, Hidraqua, que fue prorrogado por diez años por parte del anterior equipo de gobierno (PP, UCiD y el edil no adscrito Álvaro Palma) en un pleno celebrado el 9 de mayo de 2014, donde también se aprobó la construcción de un depósito de 5.000 metros cúbicos en la Espartosa, que está en funcionamiento, por un importe aproximado de 1’2 millones de euros.
Las obras fueron adjudicadas directamente a la actual empresa concesionaria del servicio público de agua potable de Castalla, cuando la legislación señalaba que los contratos de más de 200.000 euros debían asignarse tras un concurso abierto, infringiendo con ello las más elementales normas de contratación del sector público. Cabe destacar que, además, este punto contaba con informes en contra tanto de la Secretaría como de la Intervención municipal, que advertían de la necesidad de licitar estas obras, y aun así fue aprobado, incurriendo en una posible prevaricación, según hizo constar en la pasada sesión plenaria la portavoz del PSOE, Maite Gimeno, quien aclaró que su grupo municipal ya denunció estas irregularidades hace cuatro años.
La liquidación del contrato con Hidraqua se toma en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV), que obliga a dejar sin efecto los acuerdos tomados en aquel pleno de 2014.
Según el alcalde, Antonio Bernabeu, el depósito “era necesario para regular los caudales de agua potable y que no se produjeran problemas de desabastecimiento en ninguna zona del término municipal de Castalla”. Sin embargo, si se hubiera convocado concurso público, el Ayuntamiento hubiera podido elegir entre varias ofertas e incluso haberse beneficiado de mejoras en los pliegos de condiciones de las empresas y ofertas de construcción del depósito, que de esta forma no tuvieron lugar.
También, el cumplimiento de esta sentencia obliga a eliminar la subida en el recibo del agua que vienen soportando los vecinos del municipio desde hace cuatro años, si bien el Ayuntamiento tendrá que hacerse cargo del pago a la concesionaria del importe restante de las obras del depósito, puesto que las instalaciones están actualmente en funcionamiento y, de otro modo, se podría acusar al Consistorio de enriquecimiento ilícito.
Así, la bajada de las tasas del agua rondará, según Bernabeu, el 6%, y además tendrá efectos retroactivos desde 2014, de modo que habrá que estudiar cómo devolver a los vecinos ese dinero “que se ha cobrado indebidamente”.
Mientras los técnicos municipales preparan el nuevo pliego de condiciones para volver a sacar a concurso público el contrato del suministro de agua potable, seguirá siendo Hidraqua quien se hará cargo de este servicio, un punto que también se aprobó en el pasado pleno.
La liquidación del contrato con Hidraqua, y el resto de puntos que dejan sin efecto los acuerdos del pleno del 9 de mayo de 2014, fueron aprobados el pasado 31 de julio con los votos favorables del equipo de gobierno (Cs y PSOE), las abstenciones de PP y Compromís y el voto en contra de EU-ER: Acord Ciutadà, cuyo concejal, Rubén Navas, apostó por la gestión pública de este servicio.