El PP acusa a Peñalver de usar su cargo de concejal en beneficio “personal y profesional”
Las acusaciones de la ex edil de Hacienda, Felicidad Peñalver, de irregularidades urbanísticas y de presiones en el PP para retirar a una promotora su condición de agente urbanizador, provocaron ayer la contundente respuesta de todo el equipo de gobierno contra la recién expulsada concejal a la que denunciaron públicamente de “haber utilizado su cargo en beneficio personal y profesional, para ella y sus clientes, en detrimento del interés general, del Ayuntamiento y del pueblo de Ibi”.
En el centro de la polémica está la Promotora Toplabi, de la que es abogada Felicidad Peñalver. Aunque el Pleno del Ayuntamiento adjudicó el 14 de julio de 2005 a esta empresa la urbanización de la zona R-3, situada en la Pileta, los populares mostraban ayer una sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de fecha 26 de diciembre de 2008, en la que se anula por falta de motivación dicha adjudicación.
El PP demostraba con ello “que se le ha quitado a Toplabi la condición de urbanizador por una sentencia”. La denuncia contra aquel acuerdo plenario fue interpuesta por la empresa Flar S.A y por una agrupación de interés urbanístico, según explicaba el portavoz popular, Miguel Ángel Agüera.
Por su parte, Mayte Parra arremetía contra Peñalver manifestando que “esta señora ni acepta la expulsión, aunque tenemos motivos suficientes porque ha atentado contra los intereses de los ciudadanos y ha usado su cargo para intereses personales, ni tampoco sabe acatar una sentencia”.
La alcaldesa estuvo respaldada en la rueda de prensa por los once concejales de su equipo de gobierno, para demostrar su unión y “repulsa” ante las manifestaciones hechas por su ex compañera y anunciar que “ella es la única de todos nosotros que profesionalmente se dedica a temas urbanísticos”, indicaba Parra.
Por su parte, el portavoz popular, Miguel Ángel Agüera, hacía pública la relación de los diez proyectos urbanísticos que se están tramitando o se han tramitado en el Ayuntamiento, “en la que ella es abogada de la empresa”.
El PP explicaba que en septiembre del pasado año detectaron que Peñalver se estaba aprovechando de su cargo y se le exigió el acta de concejal, “a lo que se negó”, apartándola entonces de la concejalía.
Parra manifestaba que no se pueden levantar falsas sospechas “porque en Ibi no tenemos nada que esconder” y aseguraba que “no vamos a consentir estas acusaciones que atentan contra la honradez y la honorabilidad de las personas del grupo”.
La primera edil, con todo su equipo, explicaba que se habían mantenido al margen hasta ahora, actuando con prudencia y recordaba que en el transcurso de su gestión político “no tenemos ni una sola demanda penal por irregularidades urbanísticas”.
En este punto animaba a Felicidad Peñalver a acudir a los tribunales para demostrar sus acusaciones.
En cambio, para el PP la concejal sí ha cumplido sus “amenazas” de acudir a los medios de comunicación si era expulsada del equipo de gobierno.
La polémica a Valencia
Mayte Parra anunciaba que todo el asunto se llevará a la Comisión de Garantías y Disciplinas del PP y no consideraba que tuviesen “ninguna obligación” en acudir a declarar a la dirección provincial del partido, donde se ha abierto un expediente para esclarecer los hechos.
Es más, calificaba de “inadmisible” que el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, “defienda a una expulsada que ha investigado a sus compañeros”.
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