Abrimos este periódico con una noticia de alcance que da carpetazo al culebrón de la querella contra el alcalde de Castalla, José Luis Prats, interpuesta en agosto de 2009 por parte de cinco miembros del Partido Popular.
Entre los denunciantes, que se autoerigieron en representantes de la Asamblea Local del PP sin haber hecho consulta previa alguna a todos los afiliados de esta formación política en Castalla, se encontraba el anterior alcalde, Juan Rico Rico, que además es el actual presidente del PP local, tras imponerse en noviembre de 2009 a Juan Antonio Candela, el candidato propuesto por Prats para intentar colocar en la Presidencia del PP local a un hombre de su confianza.
Desde agosto de 2009, pues, el alcalde de Castalla ha estado bajo sospecha, tanto dentro como fuera de su partido, aunque siempre ha defendido su inocencia respecto a los presuntos delitos que se le imputaban en la querella: cohecho y apropiación indebida.
Ahora, después de haber declarado en el Juzgado de Ibi, tanto el alcalde como los concejales Juan Antonio Candela y Tomás Rico, y con todos los ‘papeles’ en regla, el juez no ha tenido más remedio que archivar definitivamente la querella, pues, además de no haber detectado indicios de delito, tampoco seguía en pie la acusación particular, debido a que los cinco denunciantes se habían retirado en febrero.
Esta rocambolesca estrategia de tirar la piedra con la cara bien alta y de repente esconder la mano y la cara puede acarrear graves consecuencias a los cinco denunciantes, que arremetieron contra un miembro de su propio partido sin pruebas sólidas y ahora deberán responder por esta osadía impropia de quienes se supone que viajan en el mismo barco.