El pleno expresó de forma unánime el 8 de mayo su rechazo a los presupuestos generales del Estado a los que calificó de “incuestionablemente injustos y antivalencianos”, tal y como se recoge en la propuesta del PSOE, aprobada por todos los grupos políticos. El pleno se suma así a la declaración institucional que aprobaron el 5 de abril las Cortes Valencianas en relación a “la marginación de los valencianos” en los Presupuestos Generales, ya que, no sólo no se compensa la insuficiencia inversora de los últimos años, sino que la Comunidad ha sido relegada a la última posición en inversiones per cápita, puesto que sólo recibirá 119 euros por habitante frente a la media de España situada en 185 euros.
Según consta en la moción, si la Comunidad Valenciana recibiera el dinero que le corresponde, obtendría este año 327 millones de euros más, pero la infrainversión supera ya los 5.700 millones de euros entre el período de 2004-2017.
El edil de ADIi, Nicolás Martínez, fue el más beligerante contra estos presupuestos del Estado y contra quienes “van a votar a favor de ellos”, aunque se mostro especialmente indignado con los diputados valencianos y alicantinos porque “podrían cambiar esta situación y no están haciendo nada”. Señaló que la Comunidad es la peor financiada desde hace 20 años y aseguró que “sale más barato convocar elecciones que pagar los 1.500 millones de euros del cupo vasco”. Martínez recordó que la ley presupuestaria viene de 2009 y que su aplicación en 2017 “es perversa para la Comunidad”.
El edil socialista, Sergio Carrasco, indicó que la agresión ahora es más grave que en 2010 porque “se ha pasado de los 1.800 a los 500 millones de este año” y los portavoces de EU, Compromís y Ciudadanos exigieron un trato justo hacia la Comunidad y posiblemente un castigo hacia el gobierno del cambio, como insinuó Félix Moreno. El alcalde, Rafael Serralta, ratificó el descontento general con estos presupuestos afirmando que “estamos ofrendando mucho a España y España no nos ofrece nada”.