El Ayuntamiento ha recibido un nuevo respaldo judicial a sus decisiones sobre la urbanización del Alamí, que permitirán por fin finalizar las obras transcurridos once años. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con fecha 12 de enero, resuelve la retasación de cargas planteada por la mercantil Grupo Generala dejándola en casi 316.000 euros, en lugar de los más de 2’7 millones de euros que solicitaba la empresa urbanizadora.
Como se recordará, en febrero de 2013 Generala reclamó al Ayuntamiento que se recalcularan los gastos de urbanización por un importe de 2.702.935 euros; sin embargo, tras el informe de medición encargado a un equipo técnico, la Junta de Gobierno la desestimó en su mayoría, aceptando únicamente el gasto de 11.952 euros en concepto de prospección arqueológica.
Ahora, el TSJ admite también los 303.855 euros correspondientes al soterramiento de la línea de media tensión al centro de transformación de San Miguel, por tratarse de una solución no prevista inicialmente. Así pues, la cantidad final se queda en 315.807 euros.
Sobre este asunto, el concejal de Urbanismo, Santiago Cózar, explica que el importe no se repercutirá a los propietarios necesariamente, puesto que tras la finalización de las obras de urbanización se procederá a la liquidación definitiva del sector en la que se prevé un saldo a favor de los propietarios.
Avales
Asimismo, el TSJ ha emitido otra sentencia, esta con fecha 18 de enero, en la que se desestima el recurso presentado por Generala en el procedimiento judicial que se sigue en relación a la revocación de la condición de agente urbanizador del Alamí y la incautación de los avales por importe de 2.640.224 euros para poder finalizar la obra.
Fue en junio de 2015 cuando el pleno declaró la caducidad del convenio urbanístico al haber incumplido la empresa los plazos de las obras y acordó requisar los avales para la ejecución subsidiaria de reparación y finalización de las obras, culminando así el desarrollo de este sector y posibilitando a los propietarios disponer de los terrenos para ser edificados, velando, además, por los intereses públicos en juego en el sector.
Cózar anticipa que “solo falta la formalización de los permisos de la conselleria de Industria para poder contratar las obras, dado que el departamento de Urbanismo dispone ya de los proyectos de ejecución para realizarlas, proceder a su recepción y abrirlas al público.”
Al proyecto del Alamí se le dio luz verde en mayo de 2007, un proyecto de urbanización de unos 320.000 m² y donde se preveía la construcción de alrededor de 1.000 viviendas, con un presupuesto de licitación de 16 millones adjudicado a la mercantil Generala por 12,3 millones de euros.