Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante le ha dado de nuevo la razón al Ayuntamiento y ha confirmado la legalidad del expediente que aprobó el pleno en octubre de 2014 para declarar la caducidad de la adjudicación de agente urbanizador a Generala, tras haber incumplido la empresa el convenio urbanístico y la finalización de las obras del Alamí, que llevan un retraso de más de siete años. El acuerdo contemplaba también la incautación de los 2,7 millones de euros en avales depositados por la mercantil en concepto de fianza para poder finalizar la urbanización.
Contra esta decisión municipal, un tribunal declaró la suspensión temporal como medida cautelar y, ahora, señalan desde Urbanismo, el Tribunal Superior de Justicia sentencia que no procede tal suspensión. Hay que recordar, además, que Generala también interpuso una querella contra Amparo Pina, por un presunto delito de prevaricación administrativa, que fue archiva en septiembre de 2015.
El archivo decretado por el Juzgado de lo Contencioso 3 es firme y permite al Ayuntamiento convertirse en urbanizador del Alamí y concluir las obras. De hecho, el Ayuntamiento ya ha contratado los servicios de seguridad y vigilancia del sector y se va a proceder a gestionar los permisos con Iberdrola y la Entidad de Saneamiento para la obtención de luz y el servicio de alcantarillado, lo que permitirá transformar las parcelas en solares.
Licencias de construcción
Desde el departamento municipal de Urbanismo se señala, además, que los parcelistas ya pueden solicitar licencias de construcción porque desde el Ayuntamiento se confía en que las obras que quedan por ejecutar para concluir la urbanización “terminarán mucho antes que las viviendas”, lo que permitirá otorgarles todos los servicios de habitabilidad. Como se recordará, el proyecto original contemplaba la edificación de hasta 1.000 viviendas, por fases.