Por J. J. Fernández Cano
Cada vez se oyen más voces sobre la necesidad, o al menos conveniencia, de adoptar una medida de amparo para quienes quedan en un estado de exclusión social, para quienes han dejado de percibir salario, seguro de desempleo o cualquier otro ingreso que garantice su subsistencia y la de su familia, si la tiene. En Suiza, la propuesta parece haber alcanzado el rango de referéndum nacional, aunque el resultado ha quedado en un no rotundo, más de un 70 %.
Todo parece apuntar a que el futuro que se nos presenta en lo que siempre hemos denominado economía productiva, no da para albergar la esperanza del pleniempleo, ni siquiera para mantener un nivel de desempleo razonable, que no llegue a asfixiarnos. Esta es la gran cuestión, lo miremos por donde lo miremos. De un tiempo a esta parte, las tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso, en todos los ramos productivos, y muy especialmente en la industria: se fabrica cada vez más, en menos tiempo, y esto es bueno: menos esfuerzo, más rendimiento, pero no deja de ser una trampa, un arma de doble filo; esos desorbitados ritmos de producción, agotan las existencias de materias primas, saturan los mercados y abocan a la inactividad a miles, millones de trabajadores de los modelos convencionales.
En el último medio siglo (tomemos a nuestro propio país como muestra) ese modelo de economía productiva ha cambiado como un calcetín al que le dan la vuelta; se lo ha comido, casi por completo, la llamada economía financiera y de mercado: en España ya no funciona ninguno de los sectores que antaño nos daban de comer, como eran: Agricultura, Ganadería, Minería, Pesca... El sector Servicios es uno de los pocos que no sólo se mantiene, sino que va mejor que nunca, pero de ese sólo palo no se puede sostener un país. La Industria va capeando el temporal como puede, las grandes empresas además de irse de rositas en lo referente a pagar impuestos, cuando se sienten incómodas, levantan el vuelo y se van a otros climas más propicios, dejando a miles de trabajadores en la calle, y la carga fiscal se la tragan entera medianas y pequeñas empresas, autónomos y asalariados, y todo, con el beneplácito, si no en clara connivencia, de nuestros gobiernos de turno, que todos prometen en sus campañas mejorar esta injusta y vieja lacra, pero ninguno ha llegado a cumplir hasta ahora sus promesas, ¡ninguno!
Tratar de zanjar el problema dando un jornal a todo el que no lo tenga, daría lugar a un estímulo a la picaresca, virtud de la que en nuestro país no andamos escasos, por cierto. Tal vez el problema podría, sino resolverse porque es muy grande, sí al menos achicarse, dando trabajo a muchos de los que no lo tienen, en las administraciones públicas: ayuntamientos, autonomías y Gobierno Central, en vez de dárselo a empresas privadas, con los abusos, corrupciones y tejemanejes que estas prácticas llevan consigo.