Los propietarios de Finca Barberá denuncian ante la Justicia la anulación del proyecto urbanístico
Los promotores y propietarios de Finca Barberá han presentado dos recursos contencioso administrativos por entender que no se ajusta a derecho la decisión del Pleno municipal en la que se anuló el Plan Parcial y el Programa de Actuación Integrada (PAI) para construir una urbanización de 350 chalés.
Asimismo, van a exigir la responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento y, como entienden que se han producido irregularidades en la aplicación del procedimiento administrativo en la tramitación, están estudiando pedir la responsabilidad personal a los políticos y técnicos que han participado en la tramitación de este expediente “por aplicar inadecuadamente la Ley de procedimiento administrativo común y la normativa urbanística vigente”.
Así lo comunicaron a la alcaldesa y a la secretaria municipal en la reunión que mantuvieron el pasado 23 de febrero.
Los afectados entienden, según explican en un comunicado, que el acuerdo de desestimación del proyecto urbanístico no ha sido justificado por el Pleno y que esta decisión se ha amparado “interesada y únicamente” en la opinión y alegaciones presentadas por los grupos ecologistas”.
Opinan que se han tomado en consideración “aspectos superfuos injustificados porque no hay ningún incumplimiento de la normativa” y para argumentarlo indican que no ha habido ningún informe técnico negativo en toda la tramitación del expediente, ni en todos los infomes de las consellerias.
Además, argumentan que la decisión es extemporánea y meramente política, acordada fuera de todo procedimiento legal.
Recuerdan que paralización del proyecto urbanístico en Barberá se ha producido después de seis años de tramitación del sector y dirigen duras críticas hacía el Ayuntamiento al considerar que “los que lo regentan han dado muestra de una inactividad total y absoluta”. Asimismo, lamentan que los errores de los políticos “acaben afectando al bolsillo de todos los contribuyentes”.
A finales del pasado año, el Pleno municipal estimó las alegaciones que grupos ecologistas y políticos presentaron contra la urbanización de la promotora Viviendas Jardín, argumentando la ilegalidad de aprobar un trámite por silencio administrativo. Además, la zona está considera de alto valor ecológico y con pocos recursos hídricos.
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