El informe emitido por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana ha detectado defectos y errores administrativos y técnicos en el proceso de contratación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos que el PP inició en marzo de 2011 y que pretendía adjudicar a una sola empresa por 25 años y más de 36 millones de euros.
El Consell advierte que la duración de las contratas, incluidas las prórrogas, no debe exceder de los seis años, según lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y, además, señala que falta documentación obligatoria, lo que invalidaría el proceso de contratación.
Esta adjudicación era uno de los expedientes más polémicos, ya que el exedil del PP imputado José Antonio Onsurbe habló de presuntas “mojaditas” en relación a este contrato.
Ante este informe, el equipo de gobierno del PP ha decidido desestimar la adjudicación del servicio a la empresa Secopsa Bluesa, la opción mejor valorada por un informe externo del técnico Antonio Vilaplana Torregrosa, de la Universidad de Alicante, y que contó con los votos favorables del secretario municipal, Federico López, y de la portavoz del PP, Amparo Pina. El técnico municipal votó en contra y el interventor se abstuvo.
Los grupos PSOE y ADIi ya han avanzado que exigirán responsabilidades disciplinarias al secretario del Ayuntamiento porque avaló en su informe los 25 años de duración del contrato y expuso que estaba ajustado a derecho, “haciendo referencia a una ley que estaba derogada cuando emitió el dictamen”, según indican los socialistas.
También desde ADIi, su portavoz Nicolás Martínez señala que “el secretario tendrá que dar explicaciones” e indica que se va a solicitar una comisión extraordinaria de Hacienda para analizar el alcance de esta situación. El portavoz de EU, Santiago García, lamenta que se haya tardado en acudir a la Junta Consultiva, ya que el Ayuntamiento “hubiera podido ahorrarse los 6.372 euros del informe valorativo de la Universidad de Alicante”.
La polémica de esta contrata surgió cuando el el PP intentó en marzo del año pasado y, por urgencia, adjudicar el servicio. Ante las duras críticas de la oposición, el entonces equipo de gobierno dio marcha atrás alegando que “hubo una equivocación en la comunicación del trámite”, pero siguió con el procedimiento, de forma ordinaria.
Desde el primer momento, la oposición se ha opuesto a una contratación a 25 años, que “hipotecaría” a Ibi y piden que se declare desierto y se redacte un nuevo pliego de condiciones.
Aunque el dictamen de este órgano consultivo no es vinculante, el PP ha decidido “en pro de la legalidad y las garantías del procedimiento”, desestimar el proceso “por infracción del procedimiento administrativo”.
El informe a la Junta de Contratación fue solicitado por el PP ante las críticas de la oposición.