La alcaldesa, Mayte Parra, solicitó en el último Pleno la presencia de la Policía Local para desalojar de la sala a un vecino que intentaba grabar con su cámara el desarrollo de la sesión.
La primera edil advertía al público, al inicio del Pleno, que no permitiría las grabaciones, excepto a los medios de comunicación, en clara alusión a este joven, que ya fue desalojado por la Policía en el Pleno Extraordinario del 26 de noviembre y reprendido por su primer intento en el Pleno ordinario del pasado mes.
La prohibición desató el enfado de los asistentes y el de los grupos de la oposición, que nuevamente pidieron explicaciones sobre los motivos de esta medida, que contradice la legalidad y el derecho de los ciudadanos a recibir información de un acto público, tal y como se recoge en la Constitución Española. El Grupo Socialista también abandonó la sala, junto al joven, como protesta.